El proyecto de Ley de Financiamiento, es un reflejo de la improvisación, de la falta de planeación, del tratar de cubrir deficiencias coyunturales, de pensar solo en el corto plazo, de no tener una visión estratégica a largo plazo. Le ponen Ley de Financiamiento, sin embargo, de nuevo se están proponiendo gran cantidad de cambios en el código tributario, que se están haciendo anual o bianualmente, provocando gran inestabilidad en las personas y en las empresas, también en los funcionarios quienes además no tienen programas profundos de capacitación.
Esta reforma tributaria disfrazada e improvisada, tiene como ejes fundamentales la generalización del IVA en el 18% para 2019, la disminución de los impuestos para las empresas, eliminación de beneficios a los trabajadores, de nuevo una amnistía tributaria (normalización de patrimonio), eliminación de la renta presuntiva.
En el caso del IVA exceptuando algunos consumos por servicios públicos, salud y educación, todos los productos y servicios serán gravados con el 18%, se quiere mostrar como una disminución de la tarifa general que implicaría un beneficio para la sociedad, sin embargo el resultado es todo lo contrario. En la elaboración de un modelo, se pudo verificar que el impacto tan solo en la canasta familiar es de $74.816 al mes, esto implica un aumento del 9,6%, el gobierno propone compensar con $49.734 mensuales a los hogares de pobreza extrema, es decir que ni siquiera le compensa el sobrecosto a los más pobres y vulnerables. Este mayor costo de los productos y servicios va ocasionar el menor consumo por los menos favorecidos y la clase media, en esencia los asalariados, profesionales independientes y los trabajadores informales, a las personas de altos ingresos esto no los afecta, es inmaterial el efecto para ellos, también va a golpear la economía por cuanto el consumo de los hogares se va reducir afectando la producción y el crecimiento económico.
Otro punto importante de esta reforma es la disminución de los impuestos a las empresas, sin embargo este es otro aspecto es una falacia total. En estudios muy juiciosos en la Universidad Nacional y tomando como base la información de los agregados de las declaraciones de renta de la DIAN, con el profesor Carlos Quimbay pudimos demostrar que la tasa efectiva (real) de las empresas entre 2000 y 2015 en promedio fue del 17,3%, si se agrega la sobretasa de los últimos años, esta es cerca del 20.7%, si se quiere incluir el efecto del ICA y la seguridad social la carga fiscal asciende al 27,7%, muy inferior al promedio mundial, por ejemplo, en Japón de acuerdo a las cifras de Doing Business la carga fiscal que corresponde a los impuestos y aportes a la seguridad social es del 48,9%, en la OCDE 40,9% Estados Unidos 44,0% y Alemania 48,9%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Para acabar de completar en el capítulo de las megainversiones a los “hiperricos”, les otorga un impuesto de renta del 27%, por debajo de la tarifa general, es decir que una pequeña empresa pagará más impuesto que la de los más ricos, como si fuera poco los exime de pagar cualquier impuesto al patrimonio y dividendos en el futuro, por cinco años y ridículamente creando solo 50 empleos, en otros países comparables se exigen miles de nuevos empleos, esto al parecer ya tiene nombre propio, se nota que el lobby siniestro consiguió su objetivo
En Colombia la tasa nominal (teórica, la del código tributario), difiere mucho de la tasa efectiva (real), por cuanto existen más de 250 beneficios tributarios que hacen que los impuestos verdaderos que se pagan por las utilidades no son altos, como se quiere presentar, se les premia también a las empresas con la deducción del IVA en las compra de bienes de capital, esto fue otra fuente de evasión y elusión, le costó al Estado más de 4 billones en años anteriores.
Esta propuesta también pretende eliminar la renta presuntiva, favoreciendo los grandes capitales y disminuyendo los recursos para entidades como el SENA, ICBF, el Sistema de Seguridad Social en Salud, programas de atención a la primera infancia y las instituciones de educación superior públicas que tienden a desaparecer, siendo estas últimas la única fuente legal de movilidad social para los menos favorecidos. Los grandes hacendados con tierras improductivas no tendrán problemas, así sus tierras valgan cientos de miles de millones de pesos, no tendrán en un futuro que pagar un peso de impuestos si las mantienen improductivas o más fácil si no facturan sus ventas.
Otro aspecto muy delicado es la exención durante 5 o 10 años que se hace con las nuevas sociedades creadas previamente a diciembre de 2021, y que se dediquen a actividades agropecuarias o alguna de las casi 70 actividades de la economía naranja expresamente listadas en el texto del artículo, obtengan anualmente ingresos brutos de hasta $2.652 millones, que cumplan con una cantidad mínima de generación de puestos de trabajo y de inversión en activos fijos. Esto puede generar un gran foco de evasión la ley no impide que las actuales sociedades se puedan liquidar y volver a reaparecer como nuevas sociedades. Por qué más bien no se pensó en favorecer las empresas colectivas o cooperativas de un número importante de propietarios o cooperados, para ir disminuyendo la alta concentración del ingreso y la riqueza en el país.
Se incluye una amnistía tributaria, inconstitucional y que desestimula a los que habitualmente cumplen con sus obligaciones, nombrándola de nuevo como normalización tributaria, tanto para personas naturales como jurídicas, quienes puedan tener una nueva oportunidad de normalizar sus patrimonios ocultos si lo hacen presentando una declaración especial a más tardar el 25 de septiembre de 2019, y liquidando sobre tales patrimonios una tarifa única del 13% por concepto de impuesto de normalización tributaria. Además, si los patrimonios que se normalizarán están ubicados en el exterior, pero se decide traerlos a Colombia y conservarlos dentro del territorio nacional por lo menos durante 2 años, la tarifa se reduce a la mitad.
Adicional al efecto perjudicial del IVA, se da un golpe muy fuerte principalmente a los trabajadores y quienes prestan servicios personales. Se cambia el sistema cedular, de cinco cédulas se pasa a solo dos, las primeras 4 cédulas de la renta ordinaria (cédula de rentas de trabajo, la cédula de pensiones, la cédula de rentas de capital y la cédula de rentas no laborales) empezarían a quedar reemplazadas por una sola cédula. En dicha depuración, a la cual ya no se le podrían restar los valores por rentas exentas por concepto de aportes voluntarios a los fondos de pensiones, ni a las cuentas AFC, se establecería, de forma totalmente inequitativa afectando principalmente a los asalariados y quienes prestan servicios personales , que a los ingresos netos (es decir, al resultado de ingresos brutos menos ingresos no gravados) solo se le podrán restar “costos y deducciones” de hasta el 35 % (estableciendo dicho límite como una “presunción de derecho”, es decir, una presunción que no admite prueba en contrario).
Tal disposición es totalmente incoherente, ello implicaría que en el caso de una persona natural comerciante, a pesar de tener costos y gastos que equivalen al 75 % de sus ingresos brutos, solo podría restar costos de hasta el 35 %, aumentando de forma ilógica la base gravable de su impuesto de renta. Lo absurdo es que las rentas de capital, las que generan dividendos, es decir de los más ricos, de los dueños de las grandes empresas y dueños de los grandes grupos económicos siguen o sin pagar impuestos o solo pagando el 5 o el 10%. No se puede concebir un sistema tributario en donde un asalariado que gane cerca de $12 millones al mes, pague cerca del 33% de impuesto, mientras que el dueño de los bancos que puede ganar más de $100.000 millones al mes solo pague el 10% o quizás nada, si no hacen distribución de dividendos o si los pagan en acciones o si se los pagan a una de sus filiales. Es inconcebible que por ejemplo parte de la educación pública sea financiada en parte con los excedentes de las cooperativas y no con los billones de dividendos que reciben los grupos económicos.
Pero no satisfechos con el golpe a los trabajadores, el proyecto se elimina una gran cantidad de partidas por rentas de trabajo exentas, entre ellas, las pensiones mensuales de hasta 1.000 UVT, y hasta eliminando el cálculo del 25 % exento.
En lugar de proponer reformas regresivas permanentemente, el gobierno ahora que pertenecemos a la OCDE, debió considerar las políticas tributarias que aplican aquellos países, lo cual no afecta a los pobres y la clase media, tiene un impacto solo en menos del 1% de la población los más ricos, sin embargo ellos también serán favorecidos, pues vivirán en un país con más equidad que favorece el desarrollo, con mejor salud y educación. Debió proponer aumentar el impuesto a las herencias hasta en un 55% para herencias mayores de $2.000 millones como lo hace Japón, también aumentar los impuestos en los rangos de ingresos más altos si quiera a un 50% como se hace en muchos países de Europa en donde existe calidad de vida, debió establecer impuestos progresivos para las empresas como lo hace Estados Unidos con tarifas desde un 15% hasta casi un 40% dependiendo de las ganancias, así mismo obligar a una actualización catastral y poner penas obligatorias privativas de la libertad para evasores y asesores, adicional a las multas y sanciones, como se hace en todo el mundo, adicional debió eliminar giros hacia y desde paraísos fiscales incluido Panamá, en donde se considera que el 33% de la inversión financiera es de colombianos que ocultan sus patrimonios.
En conclusión, si hay fuentes de recursos para la educación, la salud, los programas sociales, infraestructura, sin afectar a los de menores ingresos, solo falta la voluntad del gobierno para tener una sociedad más equitativa.
Por: Jairo Orlando Villabona Robayo Ph.D.
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia
Fuente: Ecosolidario
